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Entrevista: La Dra. Ilva Hoyos, líder pro-vida en Colombia, hace balance para HO cuando se cumple un año de la despenalización parcial del aborto

martes, 14 de julio de 2009

25 Mayo 2007
Entrevista: La Dra. Ilva Hoyos, líder pro-vida en Colombia, hace balance para HO cuando se cumple un año de la despenalización parcial del aborto en el país

12:47 General GASPA Trackback
HazteOir.org entrevista a la Doctora Ilva Myriam Hoyos, presidenta de la Red Futuro Colombia. Cuando se cumple un año de la despenalización parcial del aborto por el Tribunal Constitucional, esta líder Pro-Vida destaca tres cosas: el caos jurídico que ha generado la sentencia del TC, la verificación ad posteriori de que se falsearon las estadísticas para presentar el aborto como un problema de salud pública y el rechazo social y médico a la decisión de la Corte Constitucional.

HO: Dra. Hoyos, como líder de los defensores de la vida, ante el proceso que llevó a la despenalización parcial del aborto en el 2006, ¿qué balance hace usted, un año después, sobre los alcances de la decisión?

IMH : Un año después de la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto resaltaría tres cosas. La primera, el caos jurídico que generó la sentencia C-355 de 2006, que fue dada a conocer cuatro meses después de haber sido adoptada la decisión. Ese "caos jurídico" se hizo evidente tanto en los hechos que se dieron con ocasión del primer aborto, practicado luego de la decisión, a una menor de 11 años en el Hospital Simón Bolívar en Bogotá como en el protagonismo que ha tenido el Gobierno Nacional al reglamentar la sentencia C-355 de 2006, lo que comprueba que la Corte Constitucional legisló. La segunda, la verificación ad posteriori de que las estadísticas que se presentaron para hacer ver el aborto como un problema de salud pública no correspondían a la realidad. Esas cifras estaban, como lo siguen estando, infladas. La tercera, la no aceptación en el ámbito médico, pero también social, de la decisión de la Corte Constitucional.

HO: A su juicio, ¿por qué no se han dado, como se había previsto, un número elevado de abortos en este año de aplicación de la sentencia C-355 de 2006?

IMH: Los medios de comunicación social, en los balances que han hecho a un año de la decisión de la Corte, han presentado cifras contradictorias en torno a los abortos practicados al amparo de la sentencia C-355 de 2006. Sin embargo, debo afirmar que sean 10, 40 o más los casos de aborto practicados son seres humanos los que han sido eliminados. Uno solo de ellos ha de ser motivo de preocupación y de permanente recuerdo. Hoy, al cumplirse un año de esa decisión, invito a todos aquellos que nos opusimos al proceso de la legalización del aborto, como a todas aquellas personas que defienden el derecho a la vida desde el momento de la concepción a que recordemos a quienes han sido víctimas de esa injusta decisión. En este país de víctimas visibles. No podemos dejar de recordar a esas otras víctimas: los seres humanos inocentes que han sido abortados.

En relación con el impacto de la decisión de la Corte son varias las causas que explican su no aceptación. A mi juicio, la más significativa es que todavía, a pesar de la decisión de la Corte y de la presión de los medios de comunicación social, no ha sido aceptada la tesis de que el aborto es una conducta socialmente legítima. Es por ello que me preocupa el papel protagónico que el Ministerio de Protección Social y, por ende, el Gobierno Nacional, ha adoptado para propiciar un cambio de mentalidad social en relación con el aborto.

La decisiva intervención gubernamental

HO: ¿En qué se traduce el papel protagónico que usted señala, adoptado por el Gobierno Colombiano en relación con el aborto?

IMH: Lo ha sido antes y después de la decisión. Debe recordarse que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Protección Social y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar defendió ante la Corte la constitucionalidad de la despenalización del aborto. Sin embargo, ha sido más categórico su papel protagónico con posterioridad a la sentencia y lo concretaría en cuatro hechos. El primero, la adopción del Decreto 4444 de 2006 con el cual se fijaron políticas públicas que permitan el goce efectivo de los "supuestos" derechos de las mujeres protegidos en la sentencia de la Corte Constitucional C- 355 de 2006, estableciendo para las EPS (Entidad Promotora de Salud) la obligación de autorizar abortos y destinando en algunos casos dineros públicos para financiar esta práctica. El segundo, la adopción mediante la Resolución 4905 de 2006 de la Norma técnica para la atención "de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)". El tercero, el Acuerdo 350 de 2006 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que incluyó en el Plan Obligatorio de Salud la atención "de la interrupción voluntaria del embarazo". El cuarto, el contrato de prestación de servicios 441 de 2006, que tiene por objeto diseñar una estrategia de movilización social en los medios de comunicación orientada a propiciar la adopción de hábitos y conductas sexuales, a asegurar el ejercicio de los llamados derechos sexuales y reproductivos, entre los cuales incluye el derecho al aborto.

HO: En cuanto a este último punto, ¿considera usted que puede afirmarse que en Colombia el aborto se convirtió en un derecho?

IMH: Aquí radica el cambio de mentalidad que pretende consolidar el Ministerio de Protección Social. La Corte Constitucional consideró que en algunos casos el aborto no era delito. Sin embargo, no afirmó de manera categórica que el aborto tenía el carácter de derecho. Con la reglamentación adoptada por el Ministerio de Protección Social no hay duda alguna de que el aborto quiere presentarse como un derecho. Así se reconoce de manera expresa en el contrato de prestación de servicios 441 de 2006, que tiene por objeto promover en los medios de comunicación social "La interrupción voluntaria del embarazo como un derecho de las mujeres en el escenario normativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud", destinado para ello cerca de un millón quinientos mil euros.

El Ministerio de Protección Social ha adoptado por tanto como suya la tesis de quienes impulsaron la legalización parcial del aborto ante la Corte Constitucional: el aborto legal es aborto seguro.
Objeción de conciencia

HO: En relación con la objeción de conciencia, ¿cuál ha sido el balance después de la decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto?

IMH: El balance también es preocupante. Porque el derecho fundamental de la objeción de conciencia ha sido limitado por la sentencia C-355 de 2006, así como en todos las normas jurídicas adoptadas por el Ministerio de Protección Social. También he tenido conocimiento de que en algunos hospitales públicos han existido barreras para el ejercicio del derecho de la objeción de conciencia. Nuestro esfuerzo ha de estar encaminado a difundir entre los profesionales de la salud, pero también entre los jueces y los educadores los alcances del derecho fundamental de la objeción de conciencia.

La defensa de la vida, un compromiso personal

HO: Además de trabajar en el campo de la objeción de conciencia, ¿Qué sigue en su compromiso personal en defensa del derecho a la vida?

IMH: De manera inmediata, mi participación como laica en la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano . Posteriormente, la publicación de varias obras académicas relativas al derecho a la vida. Pero también la coordinación de la Red Futuro Colombia institución que presido, en la que reitero daremos prioridad al tema de la objeción de conciencia y a la formación de líderes defensores de la vida.

No puedo dejar de mencionar la preocupación que tengo por la garantía al consentimiento informado de la mujer que decide acogerse a los tres casos legalizados del aborto. Ese consentimiento informado parece haberse sustituido por un consentimiento irreversible. Todo aquello que contribuya a hacer claridad sobre lo que significa el aborto parece entenderse como una barrera al ejercicio del llamado derecho al aborto.

http://www.postaborto-asturias.es/?p=101

Nota

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Medellín, Antioquia, Colombia
Magister en Filosofía y Politóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Diplomada en Seguridad y Defensa Nacional convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y la Escuela Superior de Guerra. Docente Investigadora del Instituto de Humanismo Cristiano de la Universidad Pontificia Bolivariana. Directora del Grupo de Investigación Diké (Doctrina Social de la Iglesia). Miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética (GIEB). Miembro del Observatorio de Ética, Política y Sociedad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro del Centro colombiano de Bioética (CECOLBE). Miembro de Redintercol. Ha sido asesora de campañas políticas, realizadora de programas radiales, así como autora de diversos artículos académicos y de opinión en las áreas de las Ciencias Políticas, la Bioética y el Bioderecho.

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